Opina Radio Clarín
Entre jueves y viernes pasado, recorrió la Ciudad Vieja una camioneta con altoparlantes contratado por clientes de Conexión Ganadera, que reclaman por la demora en la investigación penal de la estafa de la cual fueron víctimas. Los textos manejados pasaron de la denuncia y el reclamo a la ironía y el sarcasmo, manejando la idea de que la Fiscalía General de la Nación se ha convertido en una nueva sucursal de Conexión Ganadera. La imagen puede ser ingeniosa y burlona, pero, dolorosamente, tiene tras de sí una realidad muy amarga, que no sólo afecta a los damnificados del supuesto ahorro ganadero. Afecta a innumerables denuncias que las Fiscalías tienen sin resolver. Se refleja en la prensa que todos sufrimos que la vida de Montevideo esté surcada por rapiñas callejeras y por balaceras y homicidios por rivalidades de narcotráfico. Pero no se refleja que el Uruguay entero está enfermo de lentitud en la indagación de delitos, por obra y gracia del Código del Proceso Penal que rige desde el año 2017. Las Fiscalías aseguran que están desbordadas, y no hay por qué dudar que dicen verdad, pero la obligación del Estado de Derecho es organizar la protección de los derechos y
