Opina Radio Clarín
Con la firma del Presidente Yamandú Orsi, el Poder Ejecutivo dejó sin efecto la resolución del Ministerio de Salud Pública que había reducido inhabilitación profesional de la médica anestesista Inés Miralles por haber incurrido en un descuido injustificable que provocó la muerte a su colega, Dra. Soledad Barrera. Como se sabe, además de la condena penal acordada en juicio abreviado, inicialmente la Dra. Miralles recibió la sanción de cinco años de suspensión en el ejercicio de la medicina, pero la Ministra de Salud Pública, Dra. Cristina Lustemberg rebajó la pena a sólo 3 años. Por consecuencia de esa rebaja, se desencadenó la renuncia de once de los trece miembros de la Comisión Honoraria de Salud Pública, organismo asesor que había analizado el caso y había aconsejado originalmente la sanción de cinco años de suspensión. La disposición ahora adoptada por el Poder Ejecutivo viene a darles la razón a los once médicos que renunciaron a la Comisión Honoraria y –más importante aun- recoge el clamor de la opinión pública, a la que nunca se le dio explicaciones claras sobre la rebaja. Es que esa rebaja en la sanción no sólo apareció sin motivación. Además, tuvo todo el aspecto de un acto





