EDITORIAL 629
jueves 12.02.26 Opina Radio Clarín. En diciembre ingresó al Senado un proyecto de ley presentado por el senador colorado Robert Silva, que propone instalar la “educación emocional” como política pública prioritaria. El artículo 1° “declara de interés público” la promoción, implementación, evaluación y desarrollo de políticas de educación emocional “en todos los niveles y modalidades […] tanto en el ámbito público como privado”. Ese proyecto está actualmente en trámite en la Comisión de Educación y Cultura. La iniciativa suena esperanzadora y hasta simpática: en una época marcada por penurias afectivas, silencios y alto porcentaje de suicidios, parece natural que se enseñe lo que ahora se llama “gestionar las emociones”. Más aun. En un mundo donde cada vez se habla con más preocupación de la salud mental de los gobernados y hasta de los gobernantes con mayor poder económico y militar, suena lindo que el Estado se proponga impartir educación sentimental. Pero a pesar de que el propósito sea loable y nos caiga bien, cabe un reparo fundamental: la Constitución de la República manda formar personas dueñas de sí mismas y ciudadanos con deliberación propia, y eso obliga a reservar los sentimientos para la esfera privada,







