Se supo que entre el año 2020 y setiembre de 2024, de cada diez allanamientos que se solicitaron, casi tres se motivaron por delitos relacionados con estupefacientes.
Los datos surgieron de la respuesta a un pedido de acceso a la información pública que el matutino La Diaria dirigió a la Fiscalía General de la Nación, que hoy está a cargo de la distinguida Magistrada Dra. Mónica Ferrero.
En promedio, la Fiscalía solicita alrededor de cinco allanamientos por día, lo que da aproximadamente 2.100 allanamientos por año.
Los totales anuales de allanamientos por indagaciones relativas a drogas fueron 635 en el año 2020; 634 en 2021; 721 en 2022; 738 en 2023… y en el corriente 2024, hasta el 13 de setiembre, se realizaron 444 allanamientos por delitos vinculados a estupefacientes.
De hecho, estas cifras no pueden sorprendernos, puesto que confirman algo que bien sabíamos: en el Uruguay el tráfico de sustancias estupefacientes es el flagelo que más recursos y más atención exige a los servicios de investigación que hoy están a cargo de las Fiscalías. Y los exige no sólo por los millones de dólares que mueven los narcotraficantes sino por algo que vale mucho más que esos millones: la cantidad de balaceras que promueven y la cantidad de jóvenes que resultan asesinados por la rivalidad de las bandas que disputan territorios.
Llegamos al colmo de la salvajada cuando, hace una semana, se mató a balazos a un bebé de un año y se dejó a su madre al borde de la muerte, con cuatro balas en el cuerpo.
Ese colmo resultó sobrepasado al saberse ayer que ese crimen abyecto lo habría cometido un menor de 14 años que estaba requerido y ayer se entregó a la policía.
La dura realidad es que la dimensión de los males de la drogadicción y el narcotráfico no se miden por el número de allanamientos que provocan, sino por la cantidad de tragedias que desencadenan, ante las cuales el Uruguay debe actuar unido, sin banderas partidarias, para desterrar un flagelo que nos está emponzoñando la vida.
Así lo siente y así lo afirma Radio Clarín.