El Poder Judicial presentó al Poder Ejecutivo su proyecto de Presupuesto para el quinquenio 2025-2029.
La propuesta subraya que el sistema funciona con un nivel de financiamiento que consideran insuficiente, ya que apenas representa el 0,32% del PIB, lo que equivale al 1,09% del crédito asignado al Gobierno Central.
El documento insiste en que invertir en justicia es invertir en desarrollo, y cita estudios del Banco Mundial que demuestran cómo los sistemas judiciales sólidos generan crecimiento, reducen la violencia y fortalecen la confianza en las instituciones. Recuerda que Uruguay lidera la región en materia de Reglas de Derecho y figura en los primeros lugares de los índices mundiales de justicia civil y penal.
La Suprema Corte de Justicia, en su mensaje, sintetiza y enfatiza una gran verdad: “no hay justicia sin independencia, no hay independencia sin presupuesto y no hay bienestar colectivo sin justicia”.
La definición no puede ser más oportuna.
Vivimos una época en que los principios se olvidan, con lo cual se frustran en la ejecución práctica y hasta en el trabajo teórico de quienes deberían defenderlos –incluidos, a veces, hasta los propios profesionales del Derecho.
Hemos dejado crecer la maleza de los activistas sin doctrina, de los que no dejan que el pensamiento levante vuelo, de los que sólo saben apegarse a lo trillado e inmediato.
Por eso, merece subrayarse como una luz en el camino la afirmación de independencia conceptual que acaba de formular nuestra Suprema Corte de Justicia, al amparo de un régimen constitucional que nos enaltece en la comparación con naciones vecinas, donde la Justicia depende del poder político y se entrevera en bajezas que, felizmente, no ensucian las playas de nuestro Uruguay.
Así lo siente y así lo afirma Radio Clarín.