En el Río de la Plata, el fin de semana estuvo dominado por los esfuerzos del Presidente argentino Javier Milei para que el diputado José Luis Espert se mantuviera como cabeza de lista en la Provincia de Buenos Aires.
Hasta los más cercanos le reclamaban a Espert que renunciase a su candidatura, por haberse probado que ocultó haber recibido 200.000 dólares y 37 viajes en avión, sufragados con fondos de un argentino que está siendo acusado en EEUU por vínculos directos con el narcotráfico.
Merced a la libertad de prensa, quedaron al descubierto evidencias de tal magnitud que seguir sosteniendo al candidato resultó imposible: el señor Espert mintió y se desmintió, por lo cual terminó yéndose.
Lo llamativo no es que se haya ido, sino que el reemplazante, Diego Santilli, esté siendo designado por el Presidente Milei actuando como jefe de su partido. Ese poder para imponer candidaturas nos resulta impensable en el Uruguay. Y es muy necesario que reparemos en el valor de la diferencia entre nuestro régimen institucional y el que aplican nuestros hermanos argentinos.
Una larga evolución –que tuvo fuertes desentendimientos y hasta guerras civiles en el siglo XIX- condujo a que en el Uruguay todos acordáramos que el Presidente de la República tenga prohibido participar en las deliberaciones y las decisiones de los partidos que lo apoyen.
Por eso, desde esta orilla no logramos aceptar como natural que el Presidente argentino salga a las provincias para hacer campaña electoral y designe al candidato que haya de reemplazar al postulante que sucumbió.
No logramos aceptarlo, porque para nosotros no es natural, ya que implica poner el aparato de la Administración y del Estado al servicio de una parcialidad política, lo cual es impensable con el concepto uruguayo del Estado de Derecho. Un Estado de Derecho que tiene debilidades y fallas, pero que también tiene anclas y garantías que debemos defender con calor republicano.
Así lo siente y así lo afirma Radio Clarín.