Señalando que la decisión del gobierno de rescindir el contrato con el astillero español Cardama, dejó sobre la mesa la posibilidad de que el Estado uruguayo tenga que afrontar un nuevo juicio ante organismos supranacionales, el matutino El País puso en el tapete que el Uruguay enfrenta hoy siete arbitrajes internacionales, entre los cuales la demanda de menor monto es por 380 millones de dólares, una cifra que conmueve cualquier presupuesto nacional.
La crónica establece que tan sólo en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias de Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, hay en ese organismo de disputa de conflictos tres causas abiertas, tras haber concluido recientemente -en febrero- el juicio iniciado por una compañía panameña que era accionista de Pluna cuando la empresa fue cerrada por el gobierno que presidía José Mujica. La demanda se presentó en 2019 y culminó con fallo desfavorable para el Estado uruguayo, que fue condenado a pagar 30 millones de dólares, que sumando los intereses generados desde el cierre treparon a US$ 80 millones de dólares.
El solo recuerdo de este resultado del caso Pluna, sumado a los siete litigios hoy pendientes, debería obligar a negociar un entendimiento pacífico que zanje el caso de las naves patrulleras que están a medio construir en Vigo, llamando a tener hoy la serenidad que evidentemente no se tuvo cuando se anunció una rescisión unilateral que es a todas luces riesgosa para la economía del Uruguay y para la imagen de país serio que ha sido uno de nuestros mayores activos, por encima de los cambios de gobierno y de ideologías dominantes.
Soportar reclamos de indemnizaciones respecto a temas tan vitales como el puerto de Montevideo y a asuntos tan vidriosos como el final de Aratirí, es una desgracia más que suficiente como para agregarle ahora un pleito por una recisión que, a todas luces, resultó mucho más fácil de anunciar hace 10 días que de fundamentar y encarar de aquí en adelante.
Hay que desear que una negociación franca resuelva el caso sin daño para ninguna de las partes.
Y hay que desear algo más: que en vez de proyectar en la Presidencia una Secretaría de Litigios Estratégicos, nos exijamos todos que el Estado no incurra en errores jurídicos que le cuesten fortunas. Eso no requiere que en los litigios haya estrategias –expresión que resuena a viveza o mala fe-. Lo que requiere es actuar con arreglo a Derecho en todo, incluyendo la responsabilidad política, legal y patrimonial de quienes tomen mal camino.
Así lo siente y así lo afirma Radio Clarín.