Como se sabe, la compañía chilena Neltume Ports -accionista mayoritaria de Montecon- informó oficialmente que, en vía de arbitraje, va a demandar una indemnización de 600 millones de dólares al Estado uruguayo, por las pérdidas que le habría inferido la concesión a Katoen Natie para operar la terminal de carga especializada del Puerto de Montevideo.
Un senador afín a nuestro gobierno dijo en rueda de prensa que “amenazar” con un juicio es “el trabajo de los abogados” y agregó “El cacareo de los abogados es lo más fácil; viven de eso”, argumentando que esta clase de controversias les “permite” a los letrados “cobrar honorarios simplemente por escribir argumentos jurídicos”.
Esos dichos provocaron una declaración por la cual el Colegio de Abogados del Uruguay “rechazó enfáticamente las declaraciones” realizadas por el senador que “menosprecia el rol de la abogacía como garante del Estado de Derecho”.
El Colegio de Abogados señaló que hablar de “cacareo” o de “cobrar honorarios simplemente por escribir argumentos jurídicos” “denigra” el ejercicio de la abogacía y “atenta contra los pilares sobre los que se asienta nuestra democracia”, ya que “el derecho a presentar descargos y articular defensas tiene raigambre constitucional”, por lo cual “todo gobierno debe garantizar que el ejercicio de la abogacía pueda desempeñarse sin interferencias indebidas”.
Nos parece indiscutible que el Colegio de Abogados tiene razón en los fundamentos de Derecho por los que repudia los dichos que, efectivamente, denigraron a la abogacía, que es una profesión de lucha, angustias y sacrificios cuando se la ejerce desde el alma, como enseñaron los grandes maestros… por lo cual merece por lo menos respeto.
Pero el incidente sobrepasa las normas internas del Derecho y la abogacía, ya que los dichos del legislador no sólo violaron las normas escritas. Además, las desafortunadas palabras del senador demuestran cómo se ha instalado la pésima costumbre de denigrar al mensajero -sea abogado, periodista o simple reclamante u opinante-, en vez de atender las razones que aduce.
Si el Estado se enfrenta a una amenaza de juicio por 600 millones de dólares, el gobierno y los legisladores que lo apoyan no tienen que agarrársela con los abogados, porque lo que hace falta es sopesar los riesgos y medir en conciencia si el reclamo tiene razón o no, previendo las consecuencias.
En el Uruguay –y también en el mundo- hace falta recuperar la lógica, respetándonos todos en un esfuerzo recíproco por aclarar y orientar las cosas, en vez de ofender a las personas, o a las profesiones.
Así lo siente y así lo afirma Radio Clarín.