Un subsidio que no debe pagarse.

          El exintendente de Artigas condenado por el caso de la falsificación de horas extras, Pablo Caram, presentó anteayer su renuncia al cargo, que fue aprobada por mayoría en la Junta Departamental.

          Más allá de todas las consecuencias y todos los cuestionamientos que atruenan en estas horas los espacios políticos, hay un tema que sobresale, y es que, al aprobar la renuncia de Caram, el ex intendente quedó formalmente habilitado para cobrar el subsidio por 12 meses con que la ley sostiene a quienes han cesado en cargos de gobierno.

          Concretamente, después de haber sido condenado por haber hecho pagar millones de pesos en horas extras falsificadas, Pablo Caram aparece con derecho a cobrarle a la Intendencia de Artigas el 85% del sueldo nominal que percibía en el cargo.

          Como el sueldo era de $ 333.000 mensuales, el 85 % equivale a $ 285.000 por mes; es decir, unos 7.000 dólares cada cuatro semanas, que en un año totalizarían 84.000 dólares, que se pagarían como premio a quien fue excluido de la Intendencia por una falsificación de horas extras -probada y confesada- que en estos años le costó millones al erario de la Intendencia artíguense.

          No hace falta ser doctor en Derecho ni ser Escribano ni ser Contador Público para sentir que si se admite semejante pago se sumará una afrenta más a los bochornos en cascada que ha provocado el caso.

          El diputado batllista Dr. Conrado Rodríguez pidió a los senadores “apurar el tranco” para aprobar el proyecto, ya votado en el año pasado por la Cámara de Representantes, que suspende el cobro del subsidio a los jerarcas que hayan perpetrado  delitos contra  la Administración Pública.

          Ese proyecto debe tratarlo el Senado como grave y urgente, ya que aplica un principio general de Derecho que es de sentido común: no se puede dar un premio al que robó, al que ayudó a robar o al que encubrió el robo de dineros públicos.

          Así lo siente y así lo afirma Radio Clarín.