El fiscal de Delitos Económicos, Dr. Gilberto Rodríguez, dispuso archivar la investigación sobre el pago de servicios publicitarios contratados por el ex Ministro de Turismo Germán Cardoso, a la empresa denominada Kirma.
Desde Fiscalía se argumentó que fue posible comprobar que Kirma realmente existía y tenía actividad comercial, por lo cual se concluyó que no fue creada específicamente para ejecutar una campaña de marketing digital. El argumento no echó por tierra lo que en su momento trascendió sobre el asunto.
La propuesta de Kirma Services al Ministerio de Turismo consistió en contratar una campaña publicitaria por más de setecientos mil dólares. El primer pago fue por 280.000 dólares y lo firmó el ex Ministro Cardoso sin que el servicio se hubiera empezado a cumplir, pero la orden ministerial no pudo ejecutarse, debido a dificultades bancarias para transferir a la empresa Kirma, que no era uruguaya ni de la región… sino de Estonia, un pequeño país situado entre Finlandia, Rusia y el Mar Báltico, sin mayores vínculos con el Uruguay.
La sospecha sobre irregularidades y posible conjunción de intereses saltó a la luz pública cuando el entonces Director General del Ministerio de Turismo advirtió inconsistencias y detectó ilegalidades en el expediente de una empresa anterior a Kirma, y se negó a firmarle una compra por un millón de dólares por publicidad en vía pública.
Ese Director General fue limitado en sus funciones y enseguida destituido. Pero el semanario Búsqueda recogió sus declaraciones y el Ministro no pudo dar explicaciones claras, por lo cual a los pocos días tuvo que irse de la cartera.
Frente al poder omnímodo de la burocracia de Estado se alzó la independencia del semanario Búsqueda al comunicar la noticia. Y sobre todo, se erigió en defensora pública la conciencia individual del abogado Martín Pérez Banchero, que prefirió perder su cargo ministerial a firmar lo que consideraba un fraude.
Por estos antecedentes y muchos más, el archivo del caso Kirma no basta para cumplir el deber de esclarecer los hechos ante la opinión pública, raspando hasta el hueso como corresponde al régimen republicano y al apetito ciudadano por la verdad.
En definitiva, un archivo fiscal no es una sentencia absolutoria.
Por lo cual, el caso estará suspendido en la Fiscalía pero no está cerrado ante la conciencia cívica.
Así lo siente y así lo afirma Radio Clarín.