La Suprema Corte de Justicia sancionó a dos juezas de Atlántida por distintas faltas al recibir una denuncia por violencia de género de Natalia Lagos, días antes de que la joven señora fuera asesinada por su ex pareja el 2 de agosto del año pasado.
La jueza letrada de 4to Turno de Atlántida, Dra. Claudia Valetti, y la jueza de Paz de Atlántida, Dra. Florencia Sorrondeguy -que suplantó a Valetti en la Feria de julio de 2023- incurrieron en omisiones al recibir la denuncia de acoso y amenazas que formuló Natalia Lagos el 13 de julio de 2023.
La Suprema Corte reprocha a las dos juezas no haber realizado la audiencia que dispone la ley, lo cual representó cercenar el derecho de la denunciante a tener “su día ante la Justicia”.
La Suprema Corte dijo que «Se privó a la víctima del acceso a la instancia jurisdiccional que supusiera su escucha activa, abordara su situación personal, sus temores reales y le brindara, en la medida de lo posible, garantías suficientes para vivir libre de violencia», por lo cual a primera vista parecen plenamente fundadas las sanciones aplicadas a las Magistradas.
En su decisión, el órgano máximo de nuestra Justicia afirmó el derecho de la infortunada denunciante a «recibir de parte del Estado una respuesta rápida, congruente y suficiente ante los hechos de violencia que estaba transitando».
En esto también asiste razón a la Suprema Corte, ya que toda persona que ha recibido agresiones, amenazas o destratos tiene derecho a que el Estado la proteja activamente.
Ahora bien. Para que ese derecho se haga efectivo y no quede sólo en los papeles, hace falta que los Juzgados de Familia Especializados –los llamados Juzgados de Violencia Doméstica- se vinculen directamente con la Justicia Penal.
Los hechos muestran que las audiencias, los decretos de distanciamiento y las tobilleras no bastan para frenar los movimientos criminales, por lo cual es hora de someter al régimen penal los casos de amenazas, de injurias y de violencia privada, que hoy se tramitan en régimen liviano en la justicia de Familia Especializada y necesitan resolverse con los castigos que manda el Código Penal.
Como personas, como sociedad y como ciudadanía, debemos tomar muy en serio la ola de femicidios que avergüenza al Uruguay; y debemos restablecer la diferencia radical que existe entre la ley y el delito, para proteger a la mujer y defender la paz colectiva.
Así lo siente y así lo afirma Radio Clarín.