Ayer el Dr. Álvaro Niggemeyer* –el médico que alertó sobre las dificultades financieras del CASMU- informó que, tras habérselo excluido como capitalizador y Consejero Directivo de la Institución mutualista, también fue despedido como médico tras 24 años.
El Dr. Niggemeyer había denunciado previamente la difícil situación financiera del CASMU, mencionando contratos millonarios comprometedores, atrasos en los pagos a proveedores y aportes de trabajadores, así como altas remuneraciones a algunos funcionarios.
El Consejo Directivo del CASMU negó la gravedad de la situación y acusó al Dr. Niggemeyr por haber ventilado el tema ante la opinión pública. A su vez la Comisión Fiscal emitió un dictamen adverso a las denuncias y el Dr. Niggemeyer en la víspera de Reyes fue destituido de su cargo en el Consejo Directivo. A eso se suma, desde ayer, que fue despedido como médico del CASMU, siendo un galeno que se distingue como especialista en Medicina Interna, Medicina Intensiva, Cardiología y Emergentología y que, además, fue presidente de la Sociedad Uruguaya de Cardiología.
El caso se ha transformado en noticia semana tras semana. El CASMU ha reprochado que las denuncias se hayan hecho públicas en vez de procesarse en la vida interna de la Institución. El Dr. Niggemeyer ha atribuido su exclusión a persecución política.
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No debe pasar inadvertido que este conflicto –que viene produciendo noticias cada dos o tres semanas- no es sólo un asunto personal de un médico ni es sólo un tema doméstico de la dirección del CASMU. Es un asunto que interesa a la gran masa social del Centro Asistencial del Sindicato Médico del Uruguay y al régimen nacional de la salud, como lo muestra el hecho de que el Ministerio de Salud Pública ha designado veedores para hacer el seguimiento económico-financiero de dicha institución.
Y tampoco debe pasar inadvertido que en el asunto está involucrado un tema crucial, como es congeniar la libertad personal de los dirigentes y el interés de las personas jurídicas sin fines de lucro, como es el CASMU.
En las instituciones de Derecho Privado, igual que en las instituciones de Derecho Público, debe primar la libertad de conciencia de cada actor.
Si eso no se respeta, las instituciones pasan a ser corporaciones regidas por el silencio o el miedo, que reproducirán en el siglo XXI lo peor de la Edad Media.
Por lo cual, la opinión pública debe atender no sólo al devenir del CASMU sino también al destino de la libertad interna dentro de las instituciones privadas, que forma parte de la libertad a secas que consagra la Constitución de la República.
Así lo siente y así lo afirma Radio Clarín.