La caída de Conexión Ganadera no es únicamente un asunto entre particulares. Es mucho más que el final de un negocio entre los muchos que cierran porque deben mucho más que lo que tienen.
La caída de Conexión Ganadera desborda la lista de sus doloridos acreedores, porque ha vuelto a mostrar debilidades en el modo nacional de controlar las actividades financieras que afectan al orden público.
Sobre el caso particular, ya empiezan a actuar los órganos competentes, es decir, los Juzgados Letrados de Concursos y las Fiscalías Penales de Delitos Económicos.
Pero sobre los descontroles evidenciados, deberán moverse las instituciones administrativas, parlamentarias y políticas, para terminar con el Uruguay que hace la vista gorda frente a indicios claros y notorios de que –como dijo Hamlet hace más de 400 años- “Algo huele a podrido en Dinamarca” –y eso que huele a podrido no es la lejana Dinamarca sino la cercanía de nosotros mismos.
Conexión Ganadera nació y se desarrolló con llamamientos al ahorro público, machaconamente repetidos en radio, televisión y carreteras nacionales.
Por tanto, ninguna autoridad puede decir que no sabía de su existencia, ni puede justificar no haber hecho nada con el argumento de que la renta ganadera fija era un negocio nuevo no previsto en la ley, ya que la Carta Orgánica del Banco Central lo obliga a vigilar e indagar las convocatorias abiertas, destinadas a captar inversores para negocios financieros.
El caso de Conexión Ganadera ha vuelto a evidenciar que nuestro país está flojo de contralores. Y eso es grave no sólo pos los casos particulares que estallan con escándalo público, sino para la vigencia del Estado de Derecho.
Al fin de cuentas, la función del Derecho no es llegar tarde a sancionar con multas o penitenciaría a los transgresores, sino regular la vida de todos, tomando medidas preventivas firmes para que no haya transgresiones, en vez de llegar tarde y mal a buscar lo que ya no hay y a castigar lo que ya es irreparable.
Así lo siente y así lo afirma Radio Clarín.