Acaba de ser imputado por la Justicia Penal el ciudadano Guillermo Besozzi –Intendente de Soriano, que renunció en el mes pasado para presentarse como candidato a la reelección. Al inicio de su campaña departamental, se le privó de la libertad, disponiendo su prisión domiciliaria, vigilada mediante tobilleras, por el plazo de 180 días.
Los delitos que le atribuye la requisitoria se refieren todos a a la función pública. La Fiscalía le reprocha peculado, tráfico de influencias, concusión, cohecho, omisión de denunciar delitos, abuso de funciones y cohecho calificado.
No se trata de una situación singular en que se le impute un episodio aislado, ni una misma maniobra que se haya repetido muchas veces. Se trata de una urdimbre compleja. Tan es así que las pistas que condujeron hacia Besozzi surgieron al investigarse una trama de hechos de corrupción por la cual ya hay más de 20 personas imputadas por delitos como peculado, estafa, apropiación indebida, receptación, hurto, cohecho y falsificación de documentos.
En las últimas actuaciones, fueron detenidos y declararon ante la Fiscalía el secretario general de la comuna, Daniel Gastán, el prosecretario Gonzalo Castillo, el director de Hacienda, Pedro Besozzi, el director de Auditoría, Germán Cavallero, el director de Obras, Pedro Nocetti, y el director de Logística, Jonathan Torres, que también quedaron sometidos a proceso penal con prisión domiciliaria.
En la defensa política que Besozzi planteó hace meses en la Junta Departamental, sostuvo que el “factor humano” “en general falla más que lo técnico”. Dolorosamente tiene razón, pero el factor humano no son los otros en abstracto sino los protagonistas en concreto, que en el caso abarcan la cúpula entera del Gobierno Departamental de Soriano.
Ahora bien. El caso de Soriano es tan sólo una evidencia particular de una dura realidad general: en el Uruguay, los sentimientos normativos vienen bajando la guardia.
Esa desgracia atraviesa a los partidos, a los negocios y aun a las instituciones sin fines de lucro.
Por eso, debemos juntar fuerzas todos, por encima de partidos y gremios, para reconstruirnos como Estado de Derecho a partir de una firme y generalizada repulsión por el delito, que es la contracara necesaria del respeto al prójimo y a nosotros mismos.
Así lo siente y así lo afirma Radio Clarín.