El enjuiciamiento penal a Guillermo Besozzi –Intendente de Soriano, que renunció para hacer campaña por su reelección en los comicios de mayo- ha desencadenado múltiples reacciones.
Muchos dirigentes del Partido Nacional han expresado sorpresa y perplejidad y han dejado entrever, o han dicho abiertamente, que sienten que la formalización penal del ex Intendente y su cúpula de colaboradores, responde al móvil político de complicarle la campaña electoral a Besozzi y a su partido.
Hay legisladores que han expresado conceptos que el propio Gustavo Besozzi sintetizó al declarar que se siente “un preso político” y al defender su inocencia en la conferencia de prensa que –visiblemente afectado por su situación- dio el propio Besozzi en el domicilio en que cumple su prisión,
La investigación a la Intendencia empieza en el año 2021, cuando las escuchas telefónicas revelaron que la gremial de funcionarios municipales hablaban con el Intendente para conseguir fondos públicos para cubrir cheques sin fondos.
En el transcurso del tiempo, las grabaciones revelaron sobreprecios para una empresa, pagos por horas de uso de maquinaria que no habría existido, pago con fondos públicos del alojamiento hotelero de la candidata Raffo… y otros episodios similares, en general de monto menor pero penalmente reprochables.
Por el bien de la República, hace falta que no sólo escarbemos las irregularidades del caso particular de Soriano y que, situándonos más allá de las críticas políticas a la Fiscalía, definamos el nivel de exigencia con el cual se aplica nuestro Derecho Administrativo, nuestro Derecho Penal y nuestro Derecho todo.
En el Uruguay, todos aflojamos la cincha y todos hemos hecho la vista gorda ante transgresiones ajenas y propias. Nos falta pasión por la rectitud. Tenemos debilitados los sentimientos normativos. Y eso nos cuesta más que plata. Nos cuesta calidad de Derecho y calidad de vida.
La defensa del señor Besozzi podrá demostrar que no hubo dolo y el resultado del juicio penal a su persona está lejos de establecerse.
Pero por encima de este caso particular –que no es el primero, y ojalá fuera el último- debemos afirmar, como ciudadanos y como pueblo, una vocación por la legalidad que pase por encima de las banderas políticas y las adhesiones personales.
De lo contrario, seguiremos teniendo un Derecho mofletudo pero fofo, desparejo e imprevisible.
Así lo siente y así lo afirma Radio Clarín.