En la última semana, se discutió públicamente la compra de la estancia María Dolores por el Instituto Nacional de Colonización.
Se trata de 4.400 hectáreas del Departamento de Florida, que Colonización resolvió adquirir pagando 7.500 dólares la hectárea, lo cual totaliza 33 millones de dólares.
La dimensión del establecimiento y el monto de la operación sobrepasan lo habitual y ello le dio visibilidad y fuerza a la discusión.
El gobierno fundamenta la compra en el propósito de establecer una decena de tambos-modelo, que darían trabajo a 170 personas y asentarían familias de colonos.
Las gremiales rurales señalan que la decisión se aparta del propósito agropecuario exportador. Y la oposición denuncia la operación como un despilfarro y reprocha que se lo haya dispuesto como homenaje a José Mujica, asimilando la decisión a las “velitas al socialismo” que él encendió cuando fue Presidente de la República y que terminaron mal.
No sorprende que la compra se discuta, pero sí asombran los términos primitivos con que se plantean algunas posiciones.
El Uruguay tiene un Estado con funciones económico-sociales desde la Constitución de 1918. Esas funciones no las derogó ni la dictadura desencadenada en 1933, ni la dictadura que se desplomó sobre el país en 1973.
En una etapa floreciente de su democracia, en 1947, con la inspiración de don Tomás Berreta, el Uruguay creó el Instituto Nacional de Colonización para realizar una redistribución paulatina de la tierra.
En términos constitucionales y legales, el debate debe fincarse en cómo cumplir bien, a la vez, las metas de crecimiento económico y distribución social, sin copiarle a los vecinos el odio al Estado y el menosprecio a todo socialismo y sin dar por inexistentes las normas constitucionales y legales que en el Uruguay rigen y que al Uruguay lo distinguen en el concierto internacional.
Así lo siente y así lo afirma Radio Clarín.