El señor Eduardo Viera renunció a la presidencia del Instituto Nacional de Colonización. El Poder Ejecutivo resolvió aceptarle la dimisión, cuyo motivo es la incompatibilidad entre ser productor colono y dirigir Colonización.
Tal incompatibilidad se establece en el tercer inciso del art. 200 de la Constitución, cuyo texto dispone que “los miembros de los Directorios o directores generales de los Entes Autónomos y los Servicios Descentralizados, no podrán simultáneamente ejercer profesiones o actividades que, directa o indirectamente, se relacionen con la institución a que pertenecen.”
La incompatibilidad fue clara desde el primer momento; y para defenderla no sirve el argumento de que se la haya tolerado en casos anteriores, ya que en el Uruguay la costumbre no deroga ninguna norma. Ante el imperio del texto de la Constitución, no vale argumentar que hubo precedentes contrarios.
Ahora que está resuelta la situación del Presidente del Instituto de Colonización, cabe dar por terminadas las discusiones a su respecto, pero no cabe apartar la atención de una realidad dura: en el Uruguay, la obediencia a las leyes ha venido aflojándose. Se ha hecho laxa, a la par que se ha hecho débil la voluntad individual y la exigencia de unos a otros.
Tenemos alerta y a flor de piel la sensibilidad para los derechos, pero no tenemos los mismos reflejos para exigirnos a nosotros mismos. Vivimos desde miradas abstractas sobre los procesos sociales, con lo cual nos olvidamos que el destino de las personas y los pueblos lo marca la actitud que unas y otros adopten ante las exigencias de la lucha por el Derecho.
Es que el Derecho no se yergue fuerte ahí donde se tolera la imprecisión y se negocia su transgresión.
Por lo cual, el caso de Colonización debe cerrarse respecto al Presidente que dignamente renunció, pero debe servir como punto de partida para que todos exijamos a todos la obediencia absoluta a los mandamientos de la Constitución.
De no hacerlo así, acaso sigan felicitándonos desde afuera, pero por dentro seguiremos sintiendo que nuestro Estado de Derecho tiene demasiados goznes oxidados, flojos e inútiles.
Así lo siente y así lo afirma Radio Clarín.