Aplaudamos sin ambages que el Ministro del Interior, Dr. Carlos Negro, haya removido al señor Sergio Solé como Jefe de Policía de Río Negro. Es lo que correspondía.
Sin embargo, hay que resaltar que es incompartible el argumento opositor de que el cesante no habría violado ninguna norma, y es inaceptable el planteo “o el Jefe de Policía o el Partido Nacional”, deslizado por un vocero blanco.
La causal para cesar al señor Sergio Solé en la Jefatura que se le había confiado radica en que visitó a un comité de militancia gobernante y, cuando eso le fue cuestionado, dirigió a una radio de Fray Bentos expresiones políticas que violaron la Constitución. Y eso no se le debe tolerar a ningún policía, cualquiera sea el signo partidario de su militancia, porque en el Uruguay, los jueces, los militares y los policías tienen prohibida toda actividad política, salvo el voto, igual que el Presidente de la República tiene vedada toda participación electoral, lo cual nos honra en la comparación con los vecinos.
Repasemos el numeral 4º del art. 77 de la Constitución, que es el fruto de los desvelos y las fatigas de grandes hombres de todos los partidos. Esa norma establece textualmente:
““4°) Los magistrados judiciales, los miembros del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo y del Tribunal de Cuentas, los Directores de los Entes Autónomos y de los Servicios Descentralizados, los militares en actividad, cualquiera sea su grado, y los funcionarios policiales de cualquier categoría, deberán abstenerse, bajo pena de destitución e inhabilitación de dos a diez años para ocupar cualquier empleo público, de formar parte de comisiones o clubes políticos, de suscribir manifiestos de partido, autorizar el uso de su nombre y, en general ejecutar cualquier otro acto público o privado de carácter político, salvo el voto. No se considerará incluida en estas prohibiciones, la concurrencia de los Directores de los Entes Autónomos y de los servicios Descentralizados a los organismos de los partidos que tengan como cometido específico el estudio de problemas de gobierno, legislación y administración.
Será competente para conocer y aplicar las penas de estos delitos electorales, la Corte Electoral… en todos los casos se pasarán los antecedentes a la Justicia Ordinaria a los demás efectos a que hubiere lugar.”
En un mundo descuartizado por la distorsión de las democracias el Uruguay debe afirmar su conciencia institucional por encima de cintillos e ideologías.
Para ello, debemos, todos, sentir a la Constitución como un mandamiento concreto e íntimo y como la medida mayor de nuestras inspiraciones y nuestros actos.
Y si no, no seremos nada.
Así lo siente y así lo afirma Radio Clarín.