Por cuatro votos a favor y uno en contra, la Primera Sala del Supremo Tribunal Federal (STF) decidió ayer jueves condenar al ex presidente Jair Bolsonaro y a otros siete de sus ex colaboradores por intento de golpe de Estado, organización criminal, abolición violenta del Estado de derecho, daños agravados y deterioro del patrimonio histórico.
La pena que el Supremo Tribunal Brasileño determinó para Bolsonaro es 27 años y 3 meses de prisión.
Es legítimo y deseable que los gobernantes deban responder penalmente cada vez que sus actos traicionen su compromiso de honor de sujetarse a la legalidad, Por tanto, nada tenemos que objetar al enjuiciamiento a Bolsonaro, cuyos forcejeos militares para quedarse en el poder fueron noticia mundialmente difundida, y no refutada por nadie.
Pero no puede pasar inadvertido que una condena a 27 años de prisión choca con el sentido común.
Esta sentencia es única en la historia de Brasil. Al no tener precedentes no hay ninguna otra con la cual compararla. Pero en sí misma rezuma un exceso enorme y eso hay que decirlo con todas las letras.
Semejante pena, a vivir preso más de un cuarto de siglo, contribuye desgraciadamente a alimentar a las reprobables posturas intervencionistas como la que viene aplicando Donald Trump desde su desenfrenada presidencia de los Estados Unidos.
No podemos ser insensibles a las consecuencias que puede aparejar este fallo excesivo hasta el absurdo. Al fin de cuentas el Derecho no debe dar pasto a sus enemigos ni a los presidentes transitorios que se creen omnipotentes.
Así lo siente y así lo afirma Radio Clarín.