El Presidente de la República, su Secretario y su Prosecretario, anunciaron que el gobierno va a rescindir el contrato por el cual se están construyendo dos patrullas oceánicas en un astillero español.
El gobierno sostiene que hay “fuertes indicios” de que hubo “estafa” o “fraude”, ya que la garantía de cumplimiento que presentó Cardama fue firmada por una empresa inglesa que “está en proceso de liquidación por inactividad”, que “en los registros no figura como empresa financiera” y que –según constató el Embajador uruguayo- hoy no existe en el domicilio declarado.
El gobierno entiende que la garantía no se renovó como se debía, y que por eso hay que rescindir, recuperar lo pagado y cobrar la multa.
Por tanto, los patrulleros que necesitamos para custodiar nuestro litoral marítimo han de postergarse sin fecha, y en lugar de custodia en el Océano tendremos denuncia penal y pleitos civiles en tierra.
El tema es atinente no sólo al astillero español con el que se contrató, y alcanza a las responsabilidades administrativas de los intervinientes en el trámite del contrato que firmó el gobierno del Dr. Lacalle Pou.
En efecto, el equipo presidencial anunció que va a indagar si en las etapas iniciales hubo irregularidades y, en caso afirmativo, si hubo en ellas “complicidad de funcionarios públicos”. Debemos recordar que al firmar el contrato se estableció “un plazo de 45 días” para que la empresa presentara una garantía de cumplimiento que no se presentó en tiempo. Se le toleró la tardanza, otorgándole sucesivas prórrogas, que, a la vista del incumplimiento actual, habrá que examinar si fueron regulares o no.
Apenas conocida la resolución gubernativa de rescindir, denunciar y pleitear para recuperar lo ya pagado a la empresa española, la oposición de hoy minimizó el asunto, atribuyendo a la decisión del gobierno una intencionalidad política menor.
Para la ciudadanía, lo importante no son las intenciones de lo que se reclama y se denuncia, sino la indagación que esclarezca si el Estado contrató bien o contrató mal y si al elegir el astillero español hubo o no flechamiento indebido.
En eso, hay que raspar hasta el hueso, para salvar el honor de los honrados, para castigar culpas si las hay y, sobre todo, para que la ciudadanía sienta que en el Uruguay el Derecho se fortalece en vez de seguir debilitándose.
Así lo siente y así lo afirma Radio Clarín.