Dos delincuentes llegaron en motos a la sede central del Instituto Nacional de Rehabilitación, arremetieron a balazos contra la puerta y arrojaron una piedra envuelta en un papel en el cual amenazaron a la Directora del Instituto y a su familia.
El Ministerio del Interior informó que no se registraron personas lesionadas producto del atentado y que ya se dispusieron “las medidas de seguridad correspondientes”. Desde la cartera explicaron que no se aclara cuáles son las medidas ni sobre quién están dispuestas porque “es parte de la estrategia de seguridad”. En el caso trabaja la Dirección de Investigaciones de la Policía, a través de la Dirección de Información e Inteligencia.
El diario El País informa que la principal hipótesis es que el atentado haya sido una respuesta por traslados de presos que se realizaron en las últimas semanas, para cortarles la comunicación con el exterior, a través de la cual seguirían manejando su ilícito negocio.
Otra hipótesis que maneja la Policía es que habría grupos criminales que cometen atentados e intentan que se atribuyan a una banda rival.
No pasa inadvertida cierta similitud con el atentado perpetrado contra la Fiscal de Corte, Dra. Mónica Ferrero, de lo cual acaso puedan extraerse pistas.
Ahora bien. Más allá de la indagación policial, más allá del nombre de los autores materiales y más allá de quiénes sean los autores intelectuales del ataque a la señora Directora de las cárceles, Dra. Ana Juanch, debemos valorar que condenaron el ataque todos los sectores partidarios del espectro político. Ante el delito, esa unanimidad vale mucho, ya que indica que en el Uruguay, a diferencia de varios países hermanos de nuestra América, el Estado y la política no han sido infiltrados por los narcos.
Cabe subrayar, eso sí, que el repudio al atentado y las amenazas no debe limitarse a los protagonistas activos de la vida política. La ola de homicidios desencadenada desde hace tiempo, ahora con el agregado de atentados institucionales, debe recibir la condena moral de una opinión pública que no debe seguir inerte, cruzada de brazos ante la degradación moral que, en todos los órdenes, genera la vigencia del narcotráfico.
Ante el auge del delito, la respuesta policial y judicial necesita apoyarse en los valores de una ciudadanía que para sus hijos y nietos quiere una vida sana, limpia y libre. Y eso no se conseguirá mientras no sepamos que luchar contra la drogadicción y el narcotráfico es tarea de conciencia para cada uno.
Así lo siente y así lo afirma Radio Clarín.