El diario El País publica en la fecha una extensa nota en la cual el senador Andrés Ojeda declara que le planteó al embajador de los Estados Unidos la posibilidad de contar con “técnicos norteamericanos” para reformar el Código del Proceso Penal y reorganizar las cárceles.
Textualmente expresó el legislador Ojeda: “A mí en particular me interesa intercambiar e involucrar en la comisión a técnicos norteamericanos, para la reforma del Código del Proceso Penal, porque tienen mucha experiencia.”
El planteamiento es abiertamente inaceptable.
Es inadmisible que se pida la injerencia de técnicos extranjeros desde el Uruguay, de cuya tradición debemos enorgullecernos tanto en Derecho Constitucional como en Derecho Procesal, en cuyas máximas honduras supimos construir doctrina, práctica y garantías que nos singularizaron desde la primera mitad del siglo pasado.
Es inadmisible que el pedido de auxilio jurídico se le dirija a Estados Unidos en enero de 2026, cuando el mundo está en vilo por el desprecio al Derecho que exhibe el gobierno de Donald Trump.
Y es inadmisible, además, porque el Código de procedimiento penal que padecemos desde 2017 fue redactado precisamente teniendo a la vista el modelo norteamericano; y lo que más duele hoy es haber achicado el papel de los Jueces y haber hipertrofiado la función de las Fiscalías, imitando las reglas y prácticas estadounidenses.
Por lo demás, el Derecho no es una cuestión de habilidad técnica ni de acumulación sociológica. El Derecho no surge de la experiencia y la práctica, como han creído algunos: surge de un radical sentimiento de justicia, de un trágico dolor ante la injusticia y de un apetito constante hacia lo que DEBE SER.
Por todas estas razones, el pedido de técnicos norteamericanos para reformar nuestras prácticas judiciales es un despropósito que, por encima de partidos, deberemos vigilar que ni siquiera se intente cumplir.
Así lo siente y así lo afirma Radio Clarín.