El Presidente de la República confirmó ayer la decisión, anunciada meses atrás, de rescindir el contrato con la empresa española Cardama, para construir las dos naves patrulleras oceánicas que necesita el Uruguay para custodiar su soberanía marítima.
Se trata en realidad, de una resolución administrativa que adoptó una sola de las partes del contrato –el Estado uruguayo- y que notoriamente es resistida por la otra parte, la empresa constructora Cardama.
Lo que se notificó a la ciudadanía no es, pues, la alegre y justificada finalización abrupta del contrato sino la confirmación de que, estando las naves en construcción y a medio pagar, el Uruguay va a enzarzarse en un pleito internacional ambientado en la prensa de España y del Río de la Plata, con riesgos directos para el erario nacional.
No es para aplaudir, ni es para estar contentos.
El comunicado oficial anuncia que se investigará a fondo las posibles responsabilidades institucional y personales que puedan haber coadyuvado para que nuestro Estado haya tenido por buena una fianza falsa. Esa decisión de investigar a fondo merece un aplauso mayor por encima de los partidos, ya que la truchez es demasiado gruesa para que haya pasado inadvertida a los servicios notariales y jurídicos del Poder Ejecutivo.
En cambio, la decisión de dejar sin efecto un contrato que viene ejecutándose y tiene las naves a medio hacer, representa un salto en el vacío, ya que desembocará inexorablemente en un pleito cuyas resultancias finales no puede garantizar personalmente ninguno de los funcionarios que nos mandan a asumirlo como carga colectiva.
Aprobamos, pues, que se indague hacia adentro, pero no aprobamos que se insista en litigar con Cardama, cuando el sentido común habría impuesto una conciliación, como manda la Constitución tanto para los particulares como para el Estado.
Así lo siente y así lo afirma Radio Clarín.