Desde antes de entrar en vigencia, el actual Código del Proceso Penal fue combatido por la cátedra de Derecho Procesal, por jueces y fiscales y por abogados con experiencia. Desgraciadamente, no se los escuchó.
Hoy, con más de un lustro de vigencia, están plenamente confirmados en los hechos los males que anunciaron los críticos del nuevo sistema.
Y no sólo se configuran las desgracias que predijeron los especialistas. Además de lo que los estudiosos vieron venir, se ha instalado una nueva desgracia: la de los magistrados fiscales en pie de lucha periodística.
En todos los asuntos en que puede haber alarma pública o connotación política, los fiscales titulares y sus adjuntos salen de los expedientes y su natural reserva, a desmentir versiones, a justificar sus posturas y a defender sus tesis ante los micrófonos de la radio y la televisión.
En vez de los Jueces Letrados de Instrucción que le entregaban a la sociedad la garantía de su reserva y su silencio, tenemos investigadores que actúan como partes interesadas no sólo ante los tribunales sino ante los micrófonos y las cámaras.
Eso ha llevado a que se identifique públicamente a algunos fiscales con un partido o con una ideología; y hasta ha conducido a que el renombre conseguido en las fiscalías se traspase a la política y a las campañas electorales.
Nada de eso es bueno para el Derecho, que necesita magistrados que se expresen por sentencias meditadas y no por dictámenes que son tesis de la parte acusatoria y NO son decisiones de Justicia.
Los Magistrados del Poder Judicial estuvieron siempre, y están ahora, acostumbrados a guardar silencio, muchas veces sacrificándose por obedecer la regla de callarse incluso frente a errores gruesos y a habladurías perniciosas.
El Código del Proceso Penal les quitó las facultades para investigar y se las entregó al cuerpo nacional de Fiscales; y poco a poco va acentuándose la costumbre de que los fiscales queden mezclados en entredichos, aclaraciones y forcejeos internos, y hasta hay algunos que aparecen identificados con partidos y tendencias.
Todo eso es un mal para la pureza de un Estado de Derecho. Y la ciudadanía no debe mirarlo con indiferencia, pues de los servicios de Justicia dependen los derechos de todos y cada uno de nosotros.
Así lo siente y así lo afirma Radio Clarín.