El Presidente de la República anunció que donará la camioneta cuya compra se le ha indagado y reprochado, especialmente por el excepcional descuento de 25.000 dólares que le hizo la firma vendedora, y por el hecho de haber desfilado el 1º de marzo del año pasado en una camioneta de la misma marca que le otorgó el descuento.
La realidad es que el tema de la camioneta nació desprolijo, siguió desprolijo y termina en un absurdo más, ya que donar la camioneta a ANEP no borra los errores cometidos al comprarla.
A ese absurdo se suma otro: si, según palabras del propio Orsi, eligió esa camioneta porque le daba la seguridad propia de la Presidencia de la República, mal puede servir para transportar escolares.
Por tanto, la donación en que desembocó el episodio no entierra lo que se hizo sin el rigor que manda la ley.
El episodio debe dolernos a todos, porque ha puesto en entredicho a la figura del Presidente sin que pueda reprochársele deshonestidad pero sin que pueda negarse que transgredió la ley 19.823, que prohíbe a todo funcionario público “recibir cualquier obsequio, gratificación, comisión, recompensa, honorario o ventaja de terceros” y que establece que esa prohibición rige desde el momento en que el funcionario es designado o resulta elegido.
El tema en juego no es un asunto de dinero en que haya sido envuelto un gobernante cuya honestidad personal nadie pone en duda.
Lo doloroso es tocar la desprolijidad con los dedos y sentir que, en un asunto menor y hasta doméstico, no levantó vuelo la reflexión ni profundizó el asesoramiento del mandatario mayor que ungimos en las urnas como ciudadanía convertida en cuerpo electoral.
Insistimos: es doloroso para todos, lo mismo para quienes lo votaron que para quienes no.
Así lo siente y así lo afirma Radio Clarín.