Entre jueves y viernes pasado, recorrió la Ciudad Vieja una camioneta con altoparlantes contratado por clientes de Conexión Ganadera, que reclaman por la demora en la investigación penal de la estafa de la cual fueron víctimas.

Los textos manejados pasaron de la denuncia y el reclamo a la ironía y el sarcasmo, manejando la idea de que la Fiscalía General de la Nación se ha convertido en una nueva sucursal de Conexión Ganadera.

La imagen puede ser ingeniosa y burlona, pero, dolorosamente, tiene tras de sí una realidad muy amarga, que no sólo afecta a los damnificados del supuesto ahorro ganadero. Afecta a innumerables denuncias que las Fiscalías tienen sin resolver.

Se refleja en la prensa que todos sufrimos que la vida de Montevideo esté surcada por rapiñas callejeras y por balaceras y homicidios por rivalidades de narcotráfico.

Pero no se refleja que el Uruguay entero está enfermo de lentitud en la indagación de delitos, por obra y gracia del Código del Proceso Penal que rige desde el año 2017. Las Fiscalías aseguran que están desbordadas, y no hay por qué dudar que dicen verdad, pero la obligación del Estado de Derecho es organizar la protección de los derechos y el castigo de los delitos, y eso no se consigue enterrando expedientes por meses y años.

El caso de Conexión Ganadera es el más publicitado y merece ser emblemático, a condición de que todos sepamos que el sistema penal fundado en el impulso de las Fiscalías ha deteriorado el sistema de vida que se basaba en la investigación policial y judicial de los delitos.

Hoy se manejan nuevos proyectos que proponen nuevos remiendos sobre el procedimiento.

Ninguno de esos remiendos podrá resolver las fallas de fondo de un sistema en el cual las Fiscalías no están atadas a ningún plazo para indagar y resolver lo que los ciudadanos denuncian y donde la pena se negocia en juicios abreviados que no esclarecen la verdad y no desembocan en sentencias ejemplarizantes.

Lo que está en juego, pues, no es sólo la indignación de los damnificados por Conexión Ganadera ni la paciencia de las víctimas de los delitos que duermen encarpetados en las Fiscalías.

Lo que está en juego es la clase de Derecho y la clase de vida que queremos asegurarnos como ciudadanos y como personas.

Así lo siente y así lo afirma Radio Clarín.