En su columna en el semanario Opinar, el Dr. Pablo Caffarelli reflexiona hoy sobre “El impuesto que llega disfrazado de factura”.
Destratados desde afuera por los horrores de un mundo a la deriva y malheridos por dentro al no cesar los crímenes en los noticieros diarios, no prestamos atención a las múltiples formas de despojo de las cuales somos víctimas casi sin darnos cuenta.
Señala el Dr. Caffarelli: “Hay una forma muy particular de cobrarle más al uruguayo sin anunciar que se le está cobrando más. No hace falta mandar al Parlamento un nuevo impuesto, ni discutir una tasa, ni imprimir un proyecto de ley ni escuchar a los economistas explicando la letra chica del proyecto.” No hace falta nada de eso, porque “alcanza con una tarifa”, como bien explica la nota periodística.
Y tiene razón el Dr. Caffarelli.
La absurda realidad es que, a trasvés de los años, nos hemos ido acostumbrando a que nuestros Entes Autónomos –ANCAP, UTE, ANTEL, Banco de Seguros- apliquen tarifas mucho mayores que los costos: eso les permite amorralar anualmente millones de dólares, y muchas veces cientos de millones. Y nos hemos acostumbrado también a que las empresas públicas entreguen, año tras año, esas grandes ganancias a la Administración Central.
En definitiva son tarifas que funcionan como impuestos, porque bajo la apariencia de precios y facturas, disfrazan los impuestos que realmente contienen.
Ahora bien. Desde la Revolución Francesa de 1789- es decir, hace 237 años- y mucho más atrás, desde la Carta Magna –aprobada en Gran Bretaña en el año 1215, es decir hace 1.007 años-, los impuestos, para ser legítimos, deben ser aprobados por representantes de los ciudadanos o súbditos que deben pagarlos. En nuestro país, el principio de legalidad del Derecho Tributario hace que todos los impuestos deben crearse con iniciativa del Poder Ejecutivo pero con aprobación del Parlamento.
Cuando el Estado recauda por tarifa cifras millonarias, salta por encima de las competencias parlamentarias y usa una artimaña para recaudar, bajo forma de precio público, lo que en realidad es un tributo, una tasa o un impuesto; y que si es ganancia de los Entes Autónomos, debería servir para capitalizar y engrandecer a las empresas públicas y no para que el Fisco recaude por una vía torcida lo que un Estado de Derecho sólo debe imponer directamente.
Al fin de cuentas, como bien concluye Pablo Caffarelli, “si el Estado necesita recaudar más, que tenga el coraje de decirlo y vaya al Parlamento. Y si la respuesta de los representantes del pueblo es negativa, que reacomode sus gastos.”
Así lo siente y así lo afirma Radio Clarín.