El Tribunal de Ética del Colegio Médico del Uruguay decidió, por mayoría, archivar y no investigar la denuncia contra la Ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, por el caso de Soledad Barrera, la joven pediatra de 41 años, fallecida en una cirugía que se considera de rutina.
El argumento utilizado parece una gambeta jurídica. Sostiene que Lustemberg no actuó como médica sino como política.
La resolución se adoptó con el voto de tres de los cinco integrantes que tiene el cuerpo. Hablamos de los doctores Diana Domenech, Álvaro Giordano y Hugo Rodríguez.
El argumento principal de la postura mayoritaria radica en que la actuación cuestionada corresponde a un acto administrativo en su rol de titular del Poder Ejecutivo y no a su condición de médica, apoyándose además en un antecedente del año 2018 de un fallo similar que posteriormente fue revocado por un tribunal de alzada.
Los redactores del fallo advirtieron que intervenir en decisiones propias de la administración pública implicaría incurrir en una desviación de poder. Por su parte, los dos médicos que votaron en discordia, es decir, que votaron a favor de investigar, fueron los doctores Gerardo Eguren y Fernando Repetto entendiendo que sí existían elementos suficientes para tramitar el proceso y verificar si existió una falta ética.
Mientras tanto, la defensa de la familia querellante cuestionó la decisión al calificarla de inusual para una etapa de admisión y confirmó que se encuentra evaluando a esta hora las medidas judiciales a seguir.
Nos preguntamos seriamente entonces, ¿es ético ampararse en el cargo político para eludir el escrutinio de la propia comunidad médica?
La ministra Lustemberg tomó la decisión arbitraria de rebajar de 5 a 3 años la sanción administrativa de Inés Miralles, la anestesista responsable de una mala praxis que le costó la vida a una joven mujer. Es una resolución tan injustificable que provocó la renuncia en masa de toda la Comisión Honoraria de Salud Pública.
Si una medida tomada por un jerarca genera tal fractura institucional por beneficiar a una profesional condenada, ¿cómo es posible que el tribunal ético-médico mire para otro lado argumentando incompetencia? ¿Desde cuándo la política sirve como escudo para anestesiar la ética? Esa es la pregunta de fondo.
A esto se le suma el trasfondo de una justicia debilitada por el abuso del juicio abreviado. El año pasado, ya lo dijimos, el 91% de las causas en Uruguay se resolvieron mediante este mecanismo. Se negocia la pena, aun cuando existen todas las pruebas sobre la mesa, dejando una sensación amarga de impunidad y una rebaja de condenas a cambio de cerrar el expediente rápido.
El caso de Soledad Barrera expone un sistema que parece acomodarse para proteger las espaldas del poder técnico y político cuando los organismos que deberían velar por la deontología -esto es, la rama de la ética aplicada, que estudia el conjunto de deberes, normas y principios morales que rigen el ejercicio de una profesión- y la responsabilidad profesional, eligen lavarse las manos y no investigar la ética.
Cuando estas cosas ocurren, los organismos e instituciones se alejan de los individuos y del compromiso con las víctimas, transformándose tristemente en meros trámites corporativos que ni resuelven ni inspiran un ideal de justicia.
Así lo siente y así lo afirma, Radio Clarín.