La llamada Operación Trazador puso a la vista cómo una agencia de cobranza, con apariencia inocente, puede facilitar que los minoristas del narcotráfico cambien los billetes chicos que recogen del menudeo, en billetes grandes que entran al mercado financiero, disimulando su origen delictivo: es decir, lavando dineros mal habidos.
También puso a la vista que un edil –de nombre Gonzalo Gómez- había contratado como “asesor” a un sujeto, de nombre Pablo Leiva, que en la semana pasada fue condenado por lavado de activos vinculados al narcotráfico.
Tras semejante performance, se excluyó de la función pública a Pablo Leiva, y enseguida se despidió también a su hijo Lucio, que había sido contratado junto con el padre como asesor por el mismo edil Gómez.
A su vez, el edil Gómez pidió licencia hasta que se aclare cómo se hacía asesorar por un copartícipe del negocio inmoral de los narcotraficantes.
Como se sabe, el episodio no termina allí, ya que el pequeño local de cobranzas de barrio donde se hacía el trueque de dinero chico y “sucio” por dinero grande y “limpio” pertenece a la esposa de Jorge Gandini, ex senador y actual Director del Puerto por la minoría.
Ello ha generado un reguero de sospechas y rumores, potenciados por la insólita rapidez con que la Fiscalía firmó un acuerdo que dio por cerrada la investigación sin haber indagado al matrimonio Gandini ni haber interrogado a la persona que el ahora condenado Leiva identificó como empleador suyo y como integrante de un conocido cambio de la Avenida 18 de Julio.
Se anuncia que la Fiscalía abrirá una nueva investigación, retomando las hilachas que quedaron sueltas al firmarse el acuerdo que cerró el juicio abreviado y apurado con que se concluyó el trámite.
Esa nueva investigación es imprescindible, para salvar el honor de quienes hayan sido injustamente salpicados y para condenar a quienes lo merezcan.
En definitiva, raspar hasta el hueso y saber la verdad es un derecho de la ciudadanía, que no debe negociarse ni ocultarse entre bambalinas, si queremos erguirnos frente al narcotráfico como el Estado de Derecho que manda la Constitución.
Así lo siente y así lo afirma Radio Clarín.