Con la firma del Presidente Yamandú Orsi, el Poder Ejecutivo dejó sin efecto la resolución del Ministerio de Salud Pública que había reducido inhabilitación profesional de la médica anestesista Inés Miralles por haber incurrido en un descuido injustificable que provocó la muerte a su colega, Dra. Soledad Barrera.
Como se sabe, además de la condena penal acordada en juicio abreviado, inicialmente la Dra. Miralles recibió la sanción de cinco años de suspensión en el ejercicio de la medicina, pero la Ministra de Salud Pública, Dra. Cristina Lustemberg rebajó la pena a sólo 3 años.
Por consecuencia de esa rebaja, se desencadenó la renuncia de once de los trece miembros de la Comisión Honoraria de Salud Pública, organismo asesor que había analizado el caso y había aconsejado originalmente la sanción de cinco años de suspensión.
La disposición ahora adoptada por el Poder Ejecutivo viene a darles la razón a los once médicos que renunciaron a la Comisión Honoraria y –más importante aun- recoge el clamor de la opinión pública, a la que nunca se le dio explicaciones claras sobre la rebaja. Es que esa rebaja en la sanción no sólo apareció sin motivación. Además, tuvo todo el aspecto de un acto de favoritismo, apalabrado entre bambalinas.
Según ha trascendido, la nueva resolución reconoce que al reducir la sanción el Ministerio de Salud Pública incurrió en un “exceso de poder”, es decir, en una ilegalidad.
Por encima de la discusión sobre si la Ministra Lustemberg debe renunciar por este episodio, debemos subrayar como un valor positivo que el Poder Ejecutivo haya atendido los argumentos con que la madre de la víctima reclamó la rectificación y es también un valor positivo que se haya atendido a la perplejidad y al clamor de la opinión pública.
Esa actitud es propia de un Estado de Derecho. Y como desgraciadamente no siempre se procede así, cada vez que ocurre hay que resaltarlo como un signo valioso para la vida nacional.
Así lo siente y así lo afirma Radio Clarín.