Opina Radio Clarín
El art. 26 de la Constitución establece: “A nadie se le aplicará la pena de muerte. En ningún caso se permitirá que las cárceles sirvan para mortificar, y sí sólo para asegurar a los procesados y penados, persiguiendo su reeducación, la aptitud para el trabajo y la profilaxis del delito.”
Esta norma se introdujo en la Constitución del año 1918 y su alcance se amplió en 1934. Su texto manda -desde hace un siglo- que las cárceles sirvan para reeducar, para enseñar a trabajar y para prevenir el delito. Dolorosamente, está muy lejos de cumplirse. Por el contrario: el hacinamiento en las cárceles -asediadas por la ociosidad, la drogadicción y la falta de esperanzas- es una dramática realidad ante la cual el Uruguay parece haberse resignado, violando la Constitución y desconociendo la filosofía humanista y solidaria que ella consagra.
Las voces de los sucesivos Comisionados Parlamentarios para las Cárceles –antes Álvaro Garcé, ahora Miguel Petit- se han ahogado año a año en la sucesión de desgracias –crímenes, suicidios, incendios- que la crónica policial recoge sin que a nadie parezca importarle mucho.
Pero a pesar de todo, la conciencia se despierta, reflexiona en voz alta y propone. Porque aunque estén aislados y no se nucleen en un gremio o un partido, hay una legión de ciudadanos que no quieren que las cárceles sigan siendo escuela para el delito.
Es así como Montevideo Portal recoge hoy el clamor de la Dra. Teresa Cometto sobre la necesidad de abrir oportunidades de trabajo para los recién excarcelados. En su nota, señala que, con 15.500 personas privadas de libertad -es decir, más de cuatro presos por cada mil habitantes-, el Uruguay está entre los 10 países que tienen más proporción de presos.
Pero no se queda en el dato. Reclama vencer los obstáculos para la inserción laboral de quienes estuvieron presos, llamando a “abordar las diversas dimensiones del bienestar humano, tales como acceso a la educación, formación en oficios, acompañamiento socioemocional y oportunidades laborales significativas”.
La Dra. Cometto no viene del mundo de la Justicia ni de las prisiones. Es Química y es doctora en Administración de Empresas. Estuvo al frente de Unilever y es investigadora en mercado y ventas. No habla como especialista en cárceles. Reclama como ciudadana que advierte que todos debemos ser “conscientes de que lo que acontece en el sistema penitenciario, tarde o temprano se refleja en la sociedad en su conjunto”.
Concordamos con la Dra. Cometto: Para que las cárceles cumplan lo que manda la Constitución, “es necesaria la decisión política y el acuerdo de colaboración estrecha entre el gobierno, las organizaciones de la sociedad civil, y las empresas públicas y privadas”.
Para lograr esos acuerdos, hace falta que saltemos las vallas de las especialidades y construyamos acuerdos por encima de las pujas políticas, las doctrinas económicas y las militancias partidarias.
En definitiva, hace falta darle protagonismo a la conciencia ciudadana, en lo que tiene de común, fraterna y solidaria.
Así lo siente y así lo afirma Radio Clarín.