En estos días, ha vuelto a sobresalir en las noticias el caso del ex custodio presidencial Alejandro Astesiano.

          Preso, está redimiendo pena por trabajo, estudio y buena conducta.  En la cárcel formuló declaraciones que publicó con amplitud el semanario Crónicas del Este. Entre muchas otras cosas, dijo que la Fiscalía lo había amenazado con un pedido de diez años de cárcel y que fue frente a esa amenaza que había aceptado firmar un acuerdo por cuatro años y medio en régimen de proceso abreviado.  

          Enseguida salió al cruce la ex fiscal Gabriela Fossati, negando que hubiera manejado para Astesiano una pena de diez años de cárcel y afirmando que ese no era su estilo, pero que si hubiera manejado ese argumento habría sido perfectamente legal, ya que la ley autoriza a usar recursos como ese.

          En realidad, esta nueva derivación del asunto Astesiano es totalmente ajena a la cuestión -funcional y política- de los servicios que haya prestado por encargo o no y de los delitos que se le probaron al ex custodio presidencial y lo mandaron a la cárcel con su confesión y su consentimiento.

          Lo que se plantea es que una ex fiscal declara que la ley autoriza a los fiscales en general a amenazar con penas altas para forzar la aceptación de penas más bajas que permitan firmar una transacción sobre el castigo a recibir.

          Semejante tesis desborda el caso Astesiano y deja a la vista cuánta razón tenían los Magistrados y abogados que se opusieron al nuevo Código del Proceso Penal que privó al Uruguay de la imperatividad del Código Penal y lo rebajó a mercadería cuyo precio se transa en la feria diaria del quehacer jurídico.

          En la cultura de todo país civilizado y principista, la graduación de la pena es un tema riguroso de la ciencia cultural del Derecho.

          Por tanto, si queremos ser un Estado de Derecho en serio, la recuperación del imperio de la ley penal por encima de “transas” deberá ser tema de primera importancia en la próxima campaña electoral  y en el comienzo del gobierno que vote la ciudadanía.   

          Así lo siente y así lo afirma Radio Clarín.