Apenas lanzada formalmente la campaña para las elecciones internas de los partidos, han resurgido voces dogmáticas y actitudes fanáticas, que no buscan discutir las ideas y propósitos del ocasional adversario, sino que acusan al otro en términos personales y agraviantes. Renace con eso un viejo vicio de la vida nacional: confundir la discrepancia en descalificación. En vez de debatir, se anula al discrepante. Esa práctica perniciosa figuró más o menos solapadamente, en el repertorio político de finales del siglo XIX y de todo el siglo XX. Y ahora, cuando ya vamos completando el primer cuarto del siglo XXI, el vicio se potencia por el uso irresponsable de las redes sociales, cuyos protagonistas no están sujetos a las responsabilidades de los medios de comunicación formales. Más allá de los esclarecimientos que correspondan en cada caso, es evidente que ha llegado la hora de establecer mecanismos que amparen la vida privada y protejan el honor. No se trata de propender a la ocultación y proteger bajezas. Se trata de atender el justo interés público en saber detalles personales que pueden importar para la gestión ciudadana y, al mismo tiempo, prevenir la calumnia y castigarla cuando ella se produce. En otras palabras: se trata de restablecer el honor como un valor a realzar y defender, ya que es un derecho individual según muy bien establece el art. 7º de la Constitución. En el Uruguay, el honor es un derecho poco y mal protegido, particularmente después que, en julio de 1992, se derogó la ley de duelos que nos singularizaba en el concierto internacional. Hace dos siglos –cuando le cantó Rossini en El Barbero de Sevilla- la calumnia era un vientecillo que de a poco -de boca a oreja- terminaba destrozando al calumniado. Hoy eso ha cambiado: las redes sociales han aumentado exponencialmente la velocidad con que se divulga cualquier versión, hasta el punto que la difamación corre mucho más rápido que los escasos juicios que por su causa se plantean ante la Justicia. Y ese también es un signo de deterioro de la calidad de vida y respeto que debemos darnos. Por lo cual, pasa a ser urgente establecer un régimen de protección al honor, que es un derecho humano amparado por la Constitución y por la ley penal, pero que hoy no tiene a salvo los procedimientos. Así lo siente y así lo afirma Radio Clarín.